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Después de 50 años de violencia, el país y la sociedad colombiana en su conjunto se encuentran ante una ventana de oportunidad real, quizás única e irrepetible, de poner fin al conflicto y alcanzar la paz. Lo fundamental será lograr consensos frente a la consolidación de los elementos democráticos, políticos e institucionales que permitan cerrar la brecha urbano-rural, escenario histórico del conflicto, para desarrollar políticas y programas que transformen las condiciones de vida de la población, garanticen los derechos de los ciudadanos en todo el territorio y arranquen de raíz y para siempre las causas de la guerra, sembrando en su lugar las semillas resistentes de una reconciliación estable y duradera. Ahora bien, si como ha reiterado el Gobierno Nacional un principio fundamental de los diálogos es aquel que establece que la democracia es el mejor camino para la consolidación de la paz, entonces la profundización de la misma, la participación de las comunidades y la aceptación del debate constructivo en medio de la diferencia será un reto cardinal de la sociedad colombiana en todos sus estamentos. Para ello, resulta necesario poner en marcha un modelo de desarrollo incluyente que fortalezca las instituciones desde el territorio. Es al logro de este propósito que todos los sectores y organizaciones de la sociedad civil y el ámbito productivo estamos llamados a contribuir.